Lo primero que debemos establecer es el concepto de Estado de Derecho. Ciertamente es una expresión bastante trillada, a la cual tirios y troyanos recurren según su conveniencia, pero cuando no les conviene, reniegan de él -aunque solapadamente-.
El concepto, de forma concisa y puntual, podemos expresarlo como aquel modelo de sociedad en donde las personas se organizan entre sí para conformar una figura jurídica denominada Estado, en el cual los ciudadanos y el propio gobierno rigen su conducta por normas jurídicas previamente establecidas, de modo tal que cada quien puede conocer de antemano lo permitido y lo prohibido, así como las consecuencias de sus actuaciones. De este modo, los conflictos pueden ser resueltos guardando un balance justo entre todos los que integran el conglomerado social, incluyendo desde luego al propio Estado.
La secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho con respecto a este tema:
“…el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.” (Consultar https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/).
Claramente el concepto también se encuentra ligado a la teoría de los derechos humanos, puesto que, en ausencia de Estado de Derecho, estos son violentados con frecuencia pasmosa por el gobernante, lo cual tiene una explicación muy sencilla: Como no existen reglas claras y las que hay pueden ser fácilmente modificadas según la voluntad de quien gobierna, no existe una barrera eficaz y efectiva que limite el poder agresivo del Estado ni existen normas e instituciones a las cuales se pueda recurrir solicitando protección.
Dicho lo anterior, pasemos a lo siguiente: Uno de los principios fundamentales para garantizar el Estado de Derecho es el de LEGALIDAD. Para entender, leamos lo que dice la Constitución Política de Costa Rica al respecto en el artículo 11:
"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella."
La ley que regula el funcionamiento del aparato estatal costarricense, denominada Ley General de la Administración Pública, recoge el principio constitucional citado, también en el artículo 11:
Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes…"
El principio de legalidad implica pues que los agentes del Estado no pueden apartarse de lo que el ordenamiento jurídico les autoriza, es decir, de aquello que se encuentra debidamente reglado. Esto deriva consecuentemente en el principio de seguridad jurídica. Por ejemplo: El ciudadano sabe por cuales actos suyos lo puede detener un policía -porque se encuentran reglados-; el munícipe conoce de antemano las tarifas que puede cobrarle la Municipalidad -porque se encuentran regladas -; el conductor conoce las tarifas que debe pagar en los peajes -porque se encuentran regladas., y así muchos otros ejemplos similares. El funcionario que, creyéndose con un poder absoluto, se aparte del principio de legalidad puede incurrir en desviación de poder, lo que le acarrea responsabilidad, que puede ser penal, civil o administrativa.
Corolario, el principio de legalidad es fundamento de un Estado de Derecho. Conocer y hacer cumplir nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones legales, nos permitirá fortalecer la democracia del país. Por supuesto que el tema da para mucho más, y es posible desglosar subtemas, lo cual iremos haciendo en entregas posteriores.
Erick Miranda Picado
Abogado
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